Cuestiona Fernando Manzanilla la creación de nuevas notarias en Puebla

A finales del año pasado, en el mes de octubre, se reformó la Ley del Notariado, con lo cual se dio luz verde para que se entregue en Puebla una patente de fedatario por cada 25 mil habitantes, cuando actualmente existe una por cada 50 mil personas.

Dicha propuesta, que en ese momento fue presentada por el gobernador Miguel Barbosa, y avalada por el Congreso local, se realizó bajo el dicho de ser “una demanda en aras de regresar la dignidad a la vida notarial en el estado”.

Sin embargo, surge la necesidad de clarificar si realmente existe en la entidad la necesidad de duplicar, en un tiempo muy corto, el número de notarías con la creación de 120 más y si efectivamente esto se proyectará en que la población tenga a su alcance un servicio de calidad ante la apertura a una mayor competencia.

La propia Ley del Notariado, a lo largo de su historia, ha sufrido diversas modificaciones que han incidido en la forma y el fondo de entregar estas patentes.

En 2009, en su Artículo 12, establecía que habría una notaría en los Distritos Judiciales por cada 25 mil habitantes de la población económicamente activa, de conformidad con los censos poblacionales realizados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), o el organismo similar que oficialmente realice dichas funciones; en consecuencia, se determinaba que el Ejecutivo crearía el número de Notarías que se requirieran en cada Distrito Judicial, de acuerdo con lo establecido en este artículo. Para el 2012, al mismo fue añadido que tendrían que ser consideradas las necesidades sociales, su actividad económica y las del propio servicio notarial.

Para 2015, en las reformas publicadas el 31 de diciembre, se estableció en el Artículo 23 que habría una Notaría Pública por cada 50 mil habitantes por distrito judicial, lo cual, nuevamente en 2022 fue modificado en el Artículo 9 de dicha Ley, estableciendo como nuevo parámetro el que haya en Puebla una Notaría por cada 25 mil habitantes.

Para nadie es un secreto que estas reformas a la Ley también han sido el marco propicio para que las diferentes administraciones estatales entreguen patentes mediante un proceso discrecional a colaboradores cercanos al poder.

Hasta el momento, el Gobernador que más notarías se había aventurado a entregar era Rafael Moreno Valle, con 29; de las cuales la mayoría fueron canceladas en el gobierno de Miguel Barbosa. Sin embargo, este número sería ampliamente superado si la actual administración decidiera nombrar a 120 nuevos fedatarios.

Si se analiza de fondo, esta propuesta más que resolver el problema lo ahondará, ya que en primer lugar se vislumbra muy complicado que haya 120 personas que estén preparadas para asumir un cargo de tal envergadura y que cumplan los requisitos marcados por la Ley, lo cual provocaría que personas inexpertas llegaran a estos escaños.

Asimismo, al duplicar la oferta de notarías fácilmente se podrían ocasionar prácticas desleales, pues en el afán de ganar clientes los fedatarios podrían incurrir en operaciones notariales que vayan en contra de lo dispuesto por la misma Ley.

Justamente uno de los argumentos para hacer este abrupto incremento de notarías es que muchos de los fedatarios tardan mucho en algunos trámites, por lo cual se espera que una mayor competencia abone a una mayor eficiencia. Sin embargo, es importante considerar que muchos de estos atrasos se encuentran en los tiempos de entrega de las propias oficinas gubernamentales, como lo es Instituto Registral y Catastral del Estado, así como el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Puebla.

Un ejemplo de ello es que la Ley establece cinco días para la entrega de un certificado de libertad de gravamen con anotación de Aviso Preventivo, lo cual en la realidad tarda hasta tres meses en ser expedido. De igual forma, para nadie es un secreto el gran atraso que existe en los trámites catastrales, sean del Estado o de los municipios, los cuales pueden demorar hasta cinco meses.

Tampoco escapa del radar tener presente que los notarios foráneos no están obligados a cumplir con la Ley notarial del Estado, lo cual provoca que muchas personas decidan hacer sus trámites en estados cercanos como el de Tlaxcala.

Es por ello que podemos afirmar que la solución no está en crear más notarías, sino mejorar el servicio de muchas de las instituciones estatales y municipales ligadas al trabajo notarial, ya que muchas de éstas se han acostumbrado a recibir “incentivos” externos para agilizar los trámites.

Desde luego, también será muy importante que exista una mayor vigilancia y control sobre el trabajo de los notarios, a quienes se les debe exigir el cabal cumplimiento de sus obligaciones y una actualización constante.

Pero, sobre todo, si realmente se busca regresar la dignidad a la labor notarial, es imprescindible que gobiernos dejen de ver a las notarías como “premios” para sus aliados y que apuesten a una verdadera profesionalización y a una adecuada regulación de las existentes.

Puebla no necesita más notarías, sino un verdadero cambio de régimen que tenga como brújula a la democracia participativa, a un régimen de libertades, a la división de poderes y a un verdadero estado de derecho.

con Información de : Columna de Fernando Manzanilla en periódico E-consulta